Sexta vez que se agita la coctelera… ¡¡a ver que sale!!
La ministra de Empleo y de Seguridad Social, Fátima Báñez, abre hoy las comparecencias del Gobierno en el Pacto de Toledo.
Con la comparecencia de Báñez, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo comienza hoy sus trabajos para hacer una reforma de gran alcance en el sistema público de pensiones. La sexta del periodo democrático y, posiblemente, la primera en que todos los partidos políticos contemplen una fuente extraordinaria de ingresos, ajena a las cotizaciones sociales, y que puede tener tres vías: la primera hipótesis es crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social. La segunda posibilidad, dedicar a este fin una parte de los impuestos ya existentes, y la tercera, que los tributos sostengan las pensiones de viudedad y orfandad.
La presidenta de la Comisión, Celia Villalobos, explica que la reforma de las pensiones se hace porque el sistema debe revisarse cada cinco años. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, traslada a la opinión pública un sentimiento de alarma sobre las pensiones públicas cuando convierte a su reforma «en la más importante de todas las que se puedan hacer en la presente legislatura».
Rajoy tiene razón, aunque Villalobos se esfuerza en transmitir tranquilidad a la opinión pública: «Las pensiones de ahora están garantizadas; la reforma que queremos hacer trata de asegurar las pensiones del futuro».
Sin embargo, éste es el grave estado estructural de la Seguridad Social y, en consecuencia, del sistema de pensiones: el Gobierno ha comunicado a Bruselas que la protección social cerrará este año con un déficit de 19.000 millones de euros. El más elevado de toda su historia, que equivale al 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB). Ítem más, el Ejecutivo calcula que en 2017 el déficit del sistema de protección, aunque más bajo, será todavía de 17.000 millones de euros, el 1,5% del PIB.
Como consecuencia de la depresión económica y de la destrucción de empleo, el desequilibrio de la Seguridad Social ha crecido de forma constante desde 2011, cuando fue de 487,30 millones de euros, un 0,82% del PIB.
En realidad, la crisis ha adelantado la aparición de varios problemas que la Seguridad Social, y el sistema de pensiones, tenían latentes desde hace tiempo. En primer lugar, porque entre 2007 y 2014, el declive económico destruyó, en términos de Seguridad Social, 3,8 millones de empleos y, por tanto, de cotizantes. En los tres años de recuperación económica, se han generado 1,6 millones de empleos. Sin embargo, la mayor parte de ellos son temporales, y muchos de ellos de cortísima duración. Esto hace que sus salarios sean muy moderados y, en consecuencia, sus bases de cotización sean muy bajas. Los sindicatos apuntan que cinco millones de personas ganan como mucho 655 euros al mes. Es decir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Los convenios como causa
Sin embargo, además de la destrucción de empleo, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, apunta que una de las razones más importantes de la falta de ingresos está en la congelación de las bases de cotización. Es el silogismo final que forman dos premisas que se producen en la negociación colectiva. La primera es que, prácticamente, la inflación lleva dos años en tasa negativas. Sólo ha crecido en los dos últimos meses. En estos momentos, la tasa interanual es del 0,7%.
En consecuencia, la segunda premisa es que, debido también a la destrucción de empleo, los convenios han moderado mucho los salarios. Es más, hasta octubre el incremento pactado en la negociación colectiva es del 1,09%. Es decir, por debajo del 1,5% acordado entre la patronal y los sindicatos para este año. También es verdad que, debido a la crisis económica, muchos acuerdos consisten en cambiar moderación salarial por creación y conservación del empleo. La patronal recuerda siempre que en los últimos ocho años han desaparecido 300.000 empresas. Por lo tanto, si los salarios no crecen, las bases de cotización reales tampoco, por lo que los ingresos de la Seguridad Social se resienten.
Otra causa de lo que ocurre con los ingresos es que, paradójicamente, las medidas de apoyo a la creación de empleo indefinido están socavando los recursos del sistema. La Seguridad Social destina unos 1.700 millones de euros anuales a reducir o bonificar las cotizaciones sociales. Esto último significa que es el Servicio Estatal de Empleo el que sustituye al empresario en el pago de las cotizaciones sociales. Sin embargo, en las reducciones o en la tarifa plana de los autónomos -50 euros al mes- nadie complementa los ingresos a la Seguridad Social. Por lo tanto, es una pérdida constante de recursos, porque, por la precariedad laboral, aunque se incentiven la ocupación su cotización para la Seguridad Social es muy bajo. Todo ello, a pesar de que desde la profundidad de la crisis económica, el mercado de trabajo ya ha recuperado 1,7 millones de empleo.
Frente a todos estos problemas de los ingresos, en el lado de los gastos, España ha comenzado a padecer el envejecimiento de su población y, con ello, el crecimiento constante del número de pensionistas, que ya son 8,5 millones. De hecho, si la depresión económica ha provocado una destrucción masiva de empleo, desde que comenzó, en el tercer trimestre de 2007, el número de jubilados ha crecido en un millón. Ha pasado de 7,5 millones a 8,5 millones. Como hay cerca de un millón de pensionistas que tienen dos prestaciones compatibles entre sí, el número real de éstas es de 9,5 millones. Además, afortunadamente, la esperanza de vida en España es de las más altas del mundo. Cada diez años crece uno. Así, según la Seguridad Social, la media de años es de 83,2. En la Unión Europea, es de 80,6 años. En España, las mujeres viven una media de 86,1 años, y los hombres, 80,2. En la UE, la media es 83,3 años, para las mujeres, y de 77,8, para los hombres.
Por lo tanto, cada vez es más amplio el periodo de vida de una persona tras la jubilación y, por ello, de percepción de la pensión. En España, la media es de 21,4 años. En la Unión Europea, la media de vida después de dejar el trabajo es de 19,8 años.
El ‘efecto sustitución’
Además, las pensiones son cada vez más elevadas, por el denominado efecto sustitución. Es decir, que las nuevas prestaciones son mayores que las que se dan de baja. Esto se debe a los efectos de la negociación colectiva sobre los salarios que, al traducirse en pensiones, sube el gasto de la Seguridad Social. La primera pensión representa una media del 80% del último salario.
Por lo tanto, todos estos efectos son los que, en la próxima década, van a multiplicar el impacto sobre los gastos del sistema de pensiones de la jubilación de las generaciones de la explosión de la natalidad de los años 60 y primera mitad de los 70 del siglo XX. Así, el 17% de la población tiene hoy más de 65 años. En 2025 será el 22,5%, y el 28,9% en 2035. Todos estos problemas estructurales son los que la reciente depresión económica ha agudizado y, de repente, todas las reformas realizadas en los últimos años se han vuelto insuficientes para garantizar las pensiones.
En este contexto, hasta el Gobierno da por descontado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agotará en 2017. Ahora tiene 24.200 millones de euros, pero en 2011 tenía 66.815 millones. En julio y diciembre, con las pagas extraordinarias de verano y Navidad, el sistema debe abonar en cada uno de estos dos meses 17.000 millones de euros. Así, ahora, los ingresos periódicos por cotizaciones no son suficientes para atender las pagas extraordinarias en esos dos momentos puntuales del año.
Lo cierto es que en los últimos años ha habido importantes reformas de la Seguridad Social. En 2013, se desvinculó la revalorización de las pensiones de la inflación, aunque, aún en tiempos de crisis, siempre subirán un 0,25%. En 2019, entrará en vigor la modificación más importante, que es la fijación de la primera pensión con la esperanza de vida de la generación del joven. El llamado factor de sostenibilidad. También están en marcha, entre otras, el retraso gradual de la edad legal de jubilación, desde los 65 a los 67 años, y la ampliación de 15 a 25 años del periodo exigido de cotización para calcular la pensión.
Cinco reformas
- Los partidos y los sindicatos plantean un impuesto específico para financiar la Seguridad Social, como en Francia. Otra posibilidad es que cumplan esta función los tributos existentes, como el IVA.
- Una alternativa de la primera propuesta es que los impuestos sólo financien las pensiones de viudedad y de orfandad, al considerlas como asistenciales. Cuestan 22.000 millones de euros.
- El Círculo de Empresarios pide que los salarios coticen por su cuantía real a la Seguridad Social y, por tanto, que la pensión equivalga al esfuerzo contributivo, sin poner un tope a la prestación.
- El sector asegurador reclama que las empresas ofrezcan a cada trabajador una cuenta para que pueda ahorrar una parte de su salario mensual. El empleado portaría la cuenta por las empresas que pasase.
- Para estimular el ahorro en planes de pensiones, el sector asegurador también reclama que el Gobierno informe a los trabajadores mayores de 50 años de la pensión que pueden tener con la cotización realizada.
