La crisis ha puesto en evidencia el grave problema para financiar el sistema de pensiones en España. Cuánto más, si tenemos en cuenta que la época en la que el importe de la pensión crecía para cubrir el aumento de los precios (IPC) ha llegado a su fin. Según las previsiones de la OCDE, el porcentaje que cobra el jubilado español sobre su último salario cotizado (la tasa de sustitución, que no tiene en cuenta el resto de la vida laboral), se desplomará hasta el 49,7% en 2060. Esto es, cuando la generación de los 90 se retire, su pensión ya no alcanzará ni siquiera la mitad de su último sueldo.
Si bien es cierto que en el resto de países la tónica general también será de descensos, el problema de España es que el sistema está absorbido íntegramente por la pensión pública. Austria es la única región de la OCDE con una cobertura superior a la de España absorbida solo por el Estado (76,6%). Mientras, 14 de los 34 miembros tienen un sistema de pensiones privado obligatorio y 9 cuentan con uno voluntario.
Ello ha tenido como consecuencia la falta de cultura de ahorro que existe en España. «Las pensiones públicas han sido muy generosas, garantizaban el 80% del salario que se percibía antes de la jubilación», explica Álvaro Monterde, director de previsión social de March JLT.
Las soluciones de los expertos
La tardía incorporación a este tipo de productos, según Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, se resolvería con un cambio de modelo: «Los sistemas mixtos son la mejor manera de lograr que las pensiones sean adecuadas llegado el momento, pero el gobierno que llegue tendrá que decidir qué modelo quiere».
Establecer un sistema en el que anualmente se recalcule el importe de las pensiones, retrasar la edad de jubilación para todos sin excepciones, eliminar la posibilidad de cobrar simultáneamente dos pensiones públicas y potenciar el ahorro privado, especialmente en las empresas, son algunas de las ideas que, según Monterde, deberían abordarse para hacer frente al problema del déficit en esta materia.
Pero los expertos tampoco se olvidan de que la prometida carta que el Gobierno iba a mandar para informar sobre la futura pensión pública ha quedado en el olvido. «Es una obligación», recrimina Aldama. «Educación financiera es decir a la gente cuáles van a ser sus ingresos estimados el día que se jubile; entonces podrán tomar decisiones con respecto a su ahorro», añade.
No es lo único. Monterde critica, además, que «el simulador de la pensión de jubilación que la Seguridad Social ha colgado en su web obvia la reforma profunda que se deberá abordar en los próximos años, ya que no tiene en cuenta el efecto de la inflación una vez que has cobrado la prestación».
